Pedro Martínez, teniente fiscal de Madrid, utiliza, en un artículo colgado en el site de la AI , el ejemplo de una página en la que aparezcan anuncios de medicamentos prohibidos, pero en la que se publican otro tipo de contenidos. Las autoridades competentes, en este caso el Ministerio de Sanidad y Consumo, siguiendo las pautas que el grupo socialista quiere introducir, podría tomar cartas en el asunto clausurando la página, pero, según indica Martínez en su artículo, de esta forma no se conseguiría evitar la venta de estos medicamentos. Y es que, en este caso, se trata de un delito contra la salud y de estafa, lo que requiere la intervención de los jueces para localizar los almacenes, entrar en ellos e incautarse de la mercancía.
La LISI ya fue objeto de polémica antes de su tramitación parlamentaria al conocerse que el anteproyecto que manejaba el Gobierno permitía a las autoridades administrativas proceder a la censura de una web sin el previo procedimiento judicial. Las presiones de las asociaciones de internautas lograron que ese artículo desapareciese del cuerpo legal. Ahora, en la fase de enmiendas en el Congreso, se deja abierta la puerta a que las autoridades administrativas puedan cerrar una web.
Reproducido de Redes& Telecom
La LISI ya fue objeto de polémica antes de su tramitación parlamentaria al conocerse que el anteproyecto que manejaba el Gobierno permitía a las autoridades administrativas proceder a la censura de una web sin el previo procedimiento judicial. Las presiones de las asociaciones de internautas lograron que ese artículo desapareciese del cuerpo legal. Ahora, en la fase de enmiendas en el Congreso, se deja abierta la puerta a que las autoridades administrativas puedan cerrar una web.
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